El presidente Abelardo de la Espriella manifestó su respaldo a la iniciativa impulsada por el partido Salvación Nacional, en cabeza del senador Enrique Gómez, para modificar el Presupuesto General de la Nación 2027 en el sector justicia. La propuesta plantea reducir $100 000 millones al presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y trasladar dichos fondos al Consejo Superior de la Judicatura.
El mandatario nacional reaccionó a la iniciativa en la red social X republicando la noticia con el mensaje: «¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!».
¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 17, 2026
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Las dos proposiciones radicadas en el Congreso buscan destinar estos recursos a la creación de nuevos despachos judiciales y a la formalización de encargos en la planta de la rama ordinaria. Según argumentó Gómez, la JEP representa un costo acumulado de $4 billones con indicadores de resultado que calificó de «desastrosos».
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Para el legislador, resulta prioritario atender el represamiento de cerca de 2,2 millones de procesos en los juzgados comunes, volumen que señala se incrementó por litigios derivados de la crisis del sistema de salud durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La propuesta de quitarle recursos a la entidad coincide con la alerta emitida por la propia JEP ante las Comisiones Primeras del Congreso, en la que el tribunal calculó una desfinanciación de $84 663 millones para el ejercicio de 2027. Aunque el presupuesto propuesto por el Ejecutivo ascendió a $821 803 millones, la cifra se ubicó $125 839 millones por debajo de lo solicitado por la JEP. Tras descontar la compra de su sede en Bogotá, el déficit neto afecta de manera directa la protección de víctimas y comparecientes ($27 502 millones), el despliegue judicial en territorio ($14 321 millones) y el soporte tecnológico ($11 545 millones).
De ser respaldada por las comisiones económicas, la reasignación presupuestal ahondaría la brecha fiscal denunciada por la jurisdicción especial. No obstante, para que el traslado de fondos quede incorporado de manera definitiva en el presupuesto nacional, requiere contar con el aval del Ministerio de Hacienda y la aprobación de las plenarias del Congreso de la República.
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