Al cumplirse el primer aniversario del crimen de Jaime Esteban Rendón Rincón, el caso de intolerancia que conmocionó al Oriente antioqueño sigue activo en los tribunales. Rendón, quien se desempeñaba como funcionario de la Alcaldía de Rionegro, rescatista y paseador de perros, fue asesinado el 29 de agosto de 2025 en el barrio San Bartolo, en San Antonio de Pereira, Rionegro. Su muerte violenta generó un profundo rechazo comunitario y dio inicio a un proceso judicial que hoy, un año después, busca una mayor penalización para el responsable.
En un presunto caso de intolerancia ocurrido en el barrio San Bartolo, en San Antonio de Pereira (Rionegro), un residente de la zona asesinó afuera de su casa a otro hombre, con arma de fuego. El hecho es materia de investigación. pic.twitter.com/8ykpBxxhAh
— MiOriente (@MiOriente) August 30, 2025
El homicidio ocurrió cuando Rendón caminaba paseando varias mascotas y una de ellas ingresó al antejardín de la residencia del agresor. Tras una fuerte discusión verbal, el propietario de la vivienda, Jesús Darío Aguirre Bustamante, de 62 años, disparó seis veces contra Jaime Esteban, quien se encontraba completamente desarmado. El ataque no solo acabó con la vida de Esteban, sino que puso en riesgo a otros vecinos de la zona, pues uno de los proyectiles impactó en la ventana de una vivienda del frente donde una familia compartía en ese instante.
Luego del homicidio, Aguirre Bustamante huyó y permaneció prófugo de la justicia por varios días, evadiendo la orden de captura en su contra. Finalmente, a mediados de septiembre de 2025, miembros del CTI y la Sijín lo capturaron en un hospital de Medellín, lugar al que ingresó bajo atención médica tras, al parecer, haber atentado contra su propia vida en su intento de fuga.
El camino judicial avanzó con dos fallos contra el acusado. El primero de ellos se dio el 26 de mayo de 2026, cuando fue condenado por el delito de porte ilegal de armas. Posteriormente, el 16 de junio de 2026, el juez dictó la sentencia definitiva por el delito de homicidio, imponiendo una pena de 17 años y cuatro meses de prisión (208 meses).
No obstante, la representación jurídica de la familia de la víctima, liderada por el abogado penalista Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, consideró insuficiente la sentencia y apeló el fallo. En una sentida carta publicada con motivo del primer aniversario, Giraldo recordó el legado de Esteban y justificó la apelación señalando: «Esa sentencia la apelamos. No por un cálculo de años, sino porque consideramos que resulta desproporcionadamente baja frente al daño que causó: una vida interrumpida, una familia herida, dos hijos sin padre y una comunidad que aprendió, de la peor manera, lo que cuesta la intolerancia».
Con este recurso legal en marcha, los abogados y los familiares de Esteban —su esposa Ana, sus hermanas Diana y Laura, sus padres y sus dos pequeños hijos— buscan que el sistema de justicia colombiano fije una sanción que guarde verdadera proporción con la irreparable pérdida. La defensa reiteró su firme compromiso de seguir acompañándolos en las instancias judiciales para asegurar que este doloroso suceso no termine en la impunidad ni quede relegado al olvido.
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