Crisis humanitaria en Antioquia: cerca de 2 300 desplazados en Briceño, Anorí y Valdivia por amenazas y combates entre ilegales

El conflicto entre estructuras ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño provocó una crisis humanitaria de gran escala. Los desplazados ya se cuentan por miles en Briceño (2 081); desde la ruralidad cientos de personas se han desplazado hacia Anorí (176), y desde un corregimiento de Briceño hacia la urbanidad de Valdivia (59).

El comandante de la Policía en Antioquia, Óscar Mauricio Rico, informó que son más de 2 000 personas las que llegaron desplazadas a Briceño —exactamente 2 081, según la Defensoría del Pueblo, con corte del 19 de octubre—, provenientes de 23 veredas, lo que superó la capacidad de atención del municipio. El uniformado declaró que el desplazamiento es producto de las amenazas de alias Lobo, por orden de alias Primo Gay, máximo cabecilla del peligroso frente 36 de las disidencias de las Farc.

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“Sabemos que han sido constreñidos, obligados y amenazados por la estructura criminal residual del frente 36 de las Farc, alias Primo Gay. (…) Presuntamente esa voz corresponde a alias Lobo, integrante de esa estructura criminal. Posiblemente una de las personas del anillo de seguridad de este sujeto alias Primo Gay”, declaró el comandante.

En Anorí, los enfrentamientos ocurridos en la vereda Los Trozos, específicamente en los sectores Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho, obligaron a 176 personas a salir del territorio para proteger sus vidas; de ellas, 45 son menores, 12 adultos mayores y 4 personas con discapacidad. Por otro lado, la Alcaldía de Valdivia le confirmó a MiOriente que llegaron 59 personas procedentes del corregimiento La Cristalina de Briceño, porque desde dicho lugar les quedaba más cerca el casco urbano del municipio vecino.

En otro comunicado alertaron de que, ante la situación de orden público en las veredas Doradas Altas y Tahamí, del municipio de Tarazá, más de 60 familias se desplazaron semanas atrás y 33 se confinaron. También hubo dos accidentes con minas antipersonales (en el primero, una persona de la comunidad perdió la vida, y en el segundo, otra persona resultó gravemente herida).

“Solicitamos la participación activa de los ministerios del Interior y de Igualdad y Equidad, así como de Prosperidad Social y la Unidad de Restitución de Tierras, en el Comité Territorial de Justicia Transicional. Estos riesgos los habíamos advertido en el informe de seguimiento 009-23 a la Alerta Temprana 045 de 2020 para los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Son hechos que lamentablemente se consumaron”, escribió la Defensoría.  

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Pidieron también que el Ministerio del Interior convoque de manera extraordinaria al Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, “con el propósito de articular medidas urgentes y acciones de protección para las comunidades afectadas por la presencia de artefactos explosivos”.

Por último, le recomendaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emprender acciones de desminado para garantizar el retorno seguro de las familias desplazadas. Se comprometieron a seguir trabajando en articulación con las Alcaldías y la Gobernación de Antioquia y les solicitaron a los grupos armados dejar por fuera de sus acciones a la población civil.