La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una contundente respuesta frente a las recientes iniciativas legislativas que buscan recortar sus recursos y reestructurar sus competencias, calificando la situación como «el más grave ataque que ha sufrido la justicia transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial».
¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 17, 2026
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Mientras que el organismo alegó que se evidencia la existencia de una estrategia para impedir su funcionamiento mediante el «ahogamiento económico» y el sometimiento de sus decisiones, el senador Enrique Gómez, promotor de una de las propuestas, afirmó que la JEP representa un costo acumulado de $4 billones con indicadores de resultado que calificó de «desastrosos».
Respecto a la proposición impulsada por Gómez y respaldada por el presidente Abelardo de la Espriella para trasladar 100 000 millones de pesos de la JEP hacia el Consejo Superior de la Judicatura, el tribunal de paz advirtió que la medida generaría consecuencias «profundas, inmediatas e irreversibles». En específico, la entidad señaló que se dejarían sin financiación 62 478 millones de pesos destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP), desamparando la seguridad de miles de víctimas, testigos, comparecientes u operadores judiciales.
La JEP reconoció la crisis fiscal y el represamiento de la justicia ordinaria, pero enfatizó en que esa problemática no se puede resolver a costa de la justicia transicional.
Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno ante el Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 18, 2026
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De forma paralela, la jurisdicción denunció la existencia de una segunda iniciativa que se tramita en la Comisión Primera del Senado. Se trata de una reforma constitucional orientada a establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar sobre las sentencias dictadas por la JEP contra integrantes de la fuerza pública. El tribunal subrayó que este proyecto avanza en un contexto en el que se han logrado imputaciones inéditas contra 28 generales de la República por ejecuciones extrajudiciales, el genocidio de la Unión Patriótica y otros crímenes de guerra.
Al considerar que esta «asfixia económica» vulnera la autonomía presupuestal consagrada en el Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP anunció que acudirá a instancias internacionales para frenar el «desmantelamiento». La situación será puesta en conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la CIDH, los países garantes del Acuerdo de Paz y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
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