Una denuncia ciudadana volvió a poner en el centro de la discusión el actuar de algunos cuidadores informales de vehículos, conocidos como “trapitos rojos”, en Medellín. A través de un video difundido en redes sociales, una mujer aseguró que un adulto mayor le exigió el pago de $25.000 para permitirle estacionar su carro en los alrededores de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y que, además, la habría amenazado con causarle daños al vehículo si no accedía a la exigencia.
En la grabación, la conductora cuestiona el cobro por tratarse de un espacio público y advierte que hará responsable al hombre si su automóvil resulta afectado. El cuidador, por su parte, responde que se encuentra «trabajando». El caso rápidamente generó reacciones entre ciudadanos, quienes denunciaron que este tipo de situaciones se estaría repitiendo en distintos sectores de la ciudad. Hasta el momento, la Alcaldía de Medellín no se ha pronunciado sobre este episodio.
«Este señor me está cobrando 25 000 pesos por parquear en donde parqueo todos los días de la vida, a mí no me va a venir a cobrar, ni a amenazar con que me va a dañar el carro. Yo todos los días parqueo acá, voy para patinaje», dijo Cristina Barrera, la mujer que denunció el caso.
La situación vuelve a encender el debate sobre el control que ejercen las autoridades frente a los llamados «trapitos rojos». Si bien muchas personas que desempeñan esta actividad pertenecen a poblaciones vulnerables y encuentran en ella una alternativa para obtener ingresos, también existen reiteradas denuncias por cobros excesivos, intimidaciones y presiones contra quienes deciden no pagar o consideran desproporcionadas las tarifas exigidas.
A esto se suman los señalamientos de algunos ciudadanos, quienes sostienen que, en determinados sectores, algunos cuidadores informales incluso estarían coordinando o facilitando robos y daños a vehículos cuando los propietarios se niegan a entregar dinero. Aunque estas afirmaciones han sido recurrentes en denuncias ciudadanas, corresponde a las autoridades investigar cada caso y establecer si existen estructuras dedicadas a estas prácticas delictivas.
El caso también pone de relieve la necesidad de fortalecer el control sobre el espacio público y de buscar soluciones integrales para una problemática que combina informalidad, seguridad y vulnerabilidad social. Mientras Medellín cuenta con las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), muchos conductores siguen enfrentándose a cobros informales en sectores donde este sistema no opera o tiene horarios limitados, una realidad que continúa generando preocupación entre la ciudadanía.
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