El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella baraja una estrategia para recluir en buques ubicados en altamar a algunos de los presos considerados de mayor peligrosidad en el país, con el propósito de impedir que continúen coordinando extorsiones, homicidios y otras actividades criminales desde las cárceles.
La iniciativa, conocida como Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), contemplaría utilizar embarcaciones oficiales como centros de reclusión transitoria para aislar a cabecillas de organizaciones criminales. Según información conocida por medios nacionales, los primeros buques estarían ubicados en aguas del mar Caribe, cerca de Cartagena, y del océano Pacífico, en inmediaciones de Buenaventura.
La propuesta surgió en medio de la política de mano dura que impulsa De la Espriella para combatir las estructuras criminales. Requeriría la participación de la Armada Nacional, que aportaría las embarcaciones y capacidades operativas, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tendría a su cargo la custodia de los internos. La Policía participaría con mecanismos para restringir las comunicaciones y bloquear las señales telefónicas, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los operadores.
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Según El Heraldo, entre los presos que estarían siendo considerados para una eventual primera fase aparecen Digno Palomino y alias Negro Ober, señalados de mantener influencia sobre estructuras dedicadas a la extorsión en la región Caribe. También figuran otros cabecillas conocidos con los alias de Marihuano, Carnal, Robincito, Juanito, Cabeza de Hacha, Chucho Rayo y Tinejo. Sin embargo, la lista todavía estaría en evaluación y no habría hasta el momento traslados definidos.
El Gobierno buscaría poner en funcionamiento la estrategia en un plazo de dos a tres meses, aunque antes sería necesario adaptar las embarcaciones con celdas, literas, cámaras y sistemas de seguridad y comunicación. Además, la propuesta podría enfrentar recursos judiciales de los abogados de los internos, quienes podrían cuestionar aspectos relacionados con el arraigo familiar, las visitas, la resocialización y las condiciones de reclusión.
La idea tiene antecedentes en Colombia. En 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, fue trasladado temporalmente a una fragata de la Armada en el Caribe para impedir que continuara coordinando actividades criminales desde prisión. Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, también estuvo recluido en un buque en el Pacífico. Caracol Radio registró en aquel momento el antecedente de Don Diego y su eventual retorno a un buque prisión en altamar.
La propuesta de los buques cárcel se conoce en simultáneo con el traslado de 20 internos señalados de pertenecer a Los Pepes y Los Costeños desde centros de reclusión de Barranquilla hacia otros establecimientos del país, una medida ordenada por el presidente para cortar, según el Gobierno, las operaciones criminales que se estarían coordinando desde las cárceles.
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