La Cámara de Representantes dio un paso importante para la garantía de derechos de la población trans en Colombia al evitar que se archivara la Ley Integral Trans, un proyecto legislativo que busca enfrentar la discriminación estructural y promover la inclusión de personas con identidades de género diversas.
El proyecto, conocido como Ley Sara Millerey en memoria de una mujer trans asesinada en abril en el municipio de Bello, Antioquia, logró la aprobación de 45 de sus 50 artículos. Aunque aún debe superar tres debates (uno en plenaria de la Cámara y dos en el Senado), su avance marca un hecho inédito en la historia legislativa del país.
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La propuesta contempla, entre otros puntos, el derecho a la identidad y al reconocimiento legal de las personas trans y no binarias, incluyendo la posibilidad de modificar el nombre y el componente de sexo en el registro civil. También prevé la exoneración del servicio militar obligatorio para esta población, permitiendo su cumplimiento voluntario.
Otro de sus ejes es la generación de estadísticas oficiales sobre la población trans para orientar políticas públicas inclusivas. Además, se establecen medidas de protección frente a la discriminación institucional y social, incluyendo el acceso igualitario a educación, empleo, vivienda, desarrollo rural y servicios del Estado.
Uno de los capítulos del proyecto aborda las secuelas del conflicto armado sobre personas con identidades de género diversas, e introduce un enfoque de interseccionalidad para proteger a quienes, además de ser trans, pertenecen a pueblos étnicos, tienen discapacidad o enfrentan otras formas de exclusión.
En medio del debate, la activista Juli Salamanca destacó el significado histórico del avance legislativo: “Es la primera vez que el Congreso realmente escucha a las personas trans. Esto nos da esperanza de que un país más justo es posible”. Por su parte, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, calificó la decisión como un logro simbólico frente a la violencia persistente: “Solo el hecho de que esta población esté siendo visibilizada en el Congreso ya es un paso adelante”.
La ley también propone tipificar el transfeminicidio y el travesticidio como agravantes del feminicidio, y contempla acciones contra la violencia familiar que sufren muchas personas trans al ser rechazadas por sus entornos cercanos.
No obstante, algunos temas fueron excluidos del articulado. Cinco artículos no pasaron la votación, entre ellos los relacionados con la eliminación de barreras para el acceso a salud y seguridad social, debido a las objeciones de partidos que expresaron preocupación sobre su aplicación en menores de edad. También se cayeron disposiciones vinculadas al derecho al deporte, la cultura y la protección de personas trans trabajadoras sexuales.
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Ian Arias, uno de sus promotores, subrayó que el proyecto recoge avances internacionales como el reconocimiento de que las identidades trans no constituyen enfermedades mentales, en línea con los recientes cambios de la Organización Mundial de la Salud.
De acuerdo con el observatorio Caribe Afirmativo, en lo que va del 2025 se han registrado 45 homicidios de personas LGBTIQ+ en Colombia, 19 de ellas con identidades trans. La CIDH ha advertido que las mujeres trans en América Latina tienen una esperanza de vida cercana a los 35 años.
La Ley Integral Trans continuará su trámite en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio, con el respaldo de más de 100 organizaciones sociales que integran la plataforma Ley Integral Trans Ya.
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