Antioquia

Profesor de Antioquia, enviado a prisión por presuntos delitos contra menores de edad en una escuela

2026-04-04
Imagen de Profesor de Antioquia, enviado a prisión por presuntos delitos contra menores de edad en una escuela

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Julián David Osorio Ballestas, docente de una institución educativa de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, por el presunto abuso sexual de tres estudiantes de primaria con edades entre los seis y ocho años. El juez de control de garantías ordenó su reclusión en centro carcelario.

La Fiscalía lo presentó ante un juez de garantías el 27 de marzo

El caso fue tramitado por una fiscal adscrita a la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Antioquia. Según la investigación, el docente habría aprovechado su posición de autoridad y la confianza depositada en él para agredir sexualmente a las víctimas y realizarles peticiones de carácter sexual.

La Fiscalía también señala que Osorio Ballestas les mostraba a los menores videos en los que aparecía cometiendo vejámenes contra una menor de edad.

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Además, habría ofrecido dinero a otras alumnas
De acuerdo con el ente acusador, el procesado también habría intentado acercarse a otras estudiantes de la misma institución, a quienes les ofreció entre 5 000 y 10 000 pesos para que accedieran a sus intenciones sexuales.

Los hechos fueron conocidos inicialmente por los directivos del colegio y posteriormente puestos en conocimiento de las autoridades mediante denuncia formal.

Los cargos imputados y la medida de aseguramiento

La Fiscalía imputó al docente los delitos de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acto sexual con menor de 14 años, ambas conductas en su forma agravada. Osorio Ballestas no aceptó los cargos.

Por decisión del juez de control de garantías, el procesado deberá permanecer recluido en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

El caso se suma a las investigaciones que adelanta la UENNA en Antioquia frente a presuntos delitos sexuales contra menores en entornos educativos, contexto en el que la Fiscalía ha intensificado su acción penal como parte de la política de protección a la niñez. Las instituciones educativas del país están obligadas a reportar de inmediato cualquier señal de abuso ante las autoridades competentes.

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