El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró su solicitud a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para reversar la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, y advirtió posibles efectos en la seguridad y el proceso electoral.
«Le pido a la fiscal general que reverse esa decisión», afirmó el mandatario en declaraciones entregadas recientemente en Rionegro, tras conocerse la medida adoptada por la Fiscalía General de la Nación en el marco de la política de «Paz Total». «No solo pone en riesgo las elecciones, sino la seguridad de servidores públicos, jueces y fiscales», agregó.
Rendón también advirtió sobre la capacidad de estas estructuras en el territorio. «Tienen bajo su mando más de 1 200 combos con capacidad de constreñir el libre ejercicio del voto», señaló, al referirse a posibles impactos en el ejercicio democrático en el país.
A través de sus redes sociales, el gobernador amplió su posición y dirigió un mensaje directo a la fiscal general: «En nombre de los antioqueños, de las víctimas de la violencia, de los comerciantes extorsionados y de las familias desplazadas, le pedimos reverse esa decisión». En la misma publicación cuestionó el alcance de la medida: «Levantar las órdenes de captura de los principales cabecillas del crimen organizado es una afrenta contra el departamento y una autopista para el crimen».
El mandatario también señaló riesgos institucionales: «Pone en riesgo las elecciones y la seguridad de jueces, fiscales, policías y de todas las comunidades». Además, expresó críticas frente al contexto de la decisión: «Piense en el país y no en los aliados de Petro».
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En su pronunciamiento, Rendón insistió en que la medida afecta a las víctimas y a las autoridades que han participado en las capturas. «Que la justicia no se convierta en idiota útil del crimen organizado», concluyó.
La decisión de la Fiscalía suspende por seis meses las órdenes de captura para permitir la participación de estos voceros en un espacio de conversación sociojurídico con el Gobierno nacional. Según la entidad, la medida busca facilitar acercamientos y eventuales procesos de sometimiento a la justicia, en cumplimiento de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional.
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