El Gobierno de Colombia y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC, o Clan del Golfo) anunciaron desde Doha (Catar) nuevas medidas para el tránsito del grupo hacia un proceso de dejación de armas y desmovilización. Entre los puntos centrales está la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, y en Tierralta, Córdoba, a donde irán integrantes del grupo armado a partir del 1 de marzo de 2026.
Además, el Gobierno confirmó la expansión de programas piloto de transformación territorial, enfocados en sustitución de economías ilícitas y desescalamiento de la violencia, a los municipios de Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, definió estos diálogos de paz como una “contemporización con el crimen”, e indicó que estos procesos solo generarán el fortalecimiento de este grupo armado organizado en las zonas del país donde delinque, incluido el departamento.
“No comprendemos cómo esto sigue tomando lugar, con preguntas que nos debemos hacer todos en estas zonas que ahora les van a posibilitar a ellos un robustecimiento como lo hicieron con las FARC. El crecimiento que tuvo las FARC en Antioquia fue precisamente durante esos primeros años del Gobierno Petro en que les permitió crecer en armamento, en finanzas, en capacidad de hacer daño. Eso mismo se lo están permitiendo, se lo quieren permitir ahora al Clan del Golfo, que delinque en las mismas zonas, en el caso de Antioquia, donde delinquen también las FARC y el ELN”, dijo Rendón.
Acuerdos habrían generado mayor violencia
Según el mandatario, los diálogos de paz que se mantienen con las disidencias de Calarcá y el Clan del Golfo tienen responsabilidad en los múltiples ataques hacia soldados y policías que han dejado un saldo de 40 uniformados asesinados, a falta de menos de un mes para terminar el 2025. Durante todo el 2024, en total, fueron 20 los agentes de la ley que perdieron la vida defendiendo la seguridad del departamento.
Rendón dijo que, con las nuevas determinaciones, se recrudecerá la ola de violencia que enfrenta el noroccidente del país de cuenta de estos actores armados.
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