La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en articulación con la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y otras entidades nacionales, lideró un operativo que permitió el cese de emisiones y el decomiso de equipos de cinco emisoras ilegales que estaban afectando la seguridad de las operaciones aéreas y las telecomunicaciones en el Valle de Aburrá.
Las frecuencias intervenidas fueron: La Consentida (93.5 FM), La Popular (105.6 FM), Sentimiento Estéreo (106.6 FM), Radio Ya (103.5 FM) y La Caliente (91.3 FM), esta última con cobertura en el 80 % del territorio metropolitano.
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Las investigaciones demostraron que estas emisoras operaban sin autorización, interfiriendo en señales críticas como las comunicaciones entre aeronaves y la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera. Además, impactaban el funcionamiento de la telefonía móvil, el acceso a internet, las transmisiones de televisión y las frecuencias utilizadas por servicios de emergencia como ambulancias y la Policía.
“En Medellín hay autoridad y orden para proteger la vida y garantizar el correcto uso del espectro. Estas estructuras ilegales no solo cometen delitos, también ponen en riesgo la seguridad aérea y la de nuestros ciudadanos. Con inteligencia, articulación institucional y cooperación con el Gobierno Nacional, no daremos tregua a quienes pretendan operar al margen de la ley”, afirmó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia.
Riesgo comprobado para la aviación y la seguridad ciudadana
Las autoridades confirmaron que las frecuencias desmanteladas tenían antecedentes de interferencias recurrentes, lo que motivó un proceso de investigación y seguimiento técnico por parte de la ANE y la Aeronáutica Civil.
En varios casos, aeronaves reportaron dificultades para comunicarse con la torre de control, evidenciando el nivel de riesgo generado por estas emisiones clandestinas.
“Seguiremos actuando con rigor y presencia permanente. El espectro es un bien público y no vamos a permitir que se convierta en una amenaza para la seguridad de Medellín y del país. Este es un mensaje claro: donde haya actividad ilegal, allí llegará la autoridad”, agregó Villa Mejía.
Sanciones y control permanente
Los equipos decomisados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes, mientras avanzan los procesos sancionatorios contemplados en la Ley 1341 de 2009, que prevé multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes, además de investigaciones penales según el artículo 257 del Código Penal.
Las entidades anunciaron que se mantendrán las labores de monitoreo y control, con el fin de garantizar un espectro libre de interferencias y seguro para todos los ciudadanos.
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