La Fiscalía General de la Nación ofreció disculpas públicas al exintegrante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Gustavo Sastoque Alfonso, por la injusta captura y privación de su libertad ocurrida en 1995. El acto de desagravio se realizó en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contenidas en el Informe de Fondo N.° 61/18, correspondiente al caso 12 491.
Durante la ceremonia, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, reconoció las vulneraciones de derechos sufridas por Sastoque Alfonso y, en nombre del Estado colombiano, ofreció disculpas por su detención ilegal y arbitraria, ocurrida cuando se desempeñaba como responsable del archivo de la Sección de Criminalística del CTI.
El exfuncionario fue vinculado entonces a un proceso penal por el homicidio de Hernando Pizarro Leongómez, caso por el que permaneció más de 10 años en prisión antes de ser reconocido como víctima de una grave violación de derechos humanos.
Fallo internacional y reflexión institucional
Años después, la Asociación Minga solicitó la intervención de la CIDH, que concluyó que el Estado colombiano incurrió en responsabilidad internacional por la detención arbitraria e ilegal de Sastoque Alfonso, al vulnerar los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Esto debe suscitar una profunda reflexión sobre nuestro quehacer, sobre el enorme impacto que tienen nuestras decisiones en la vida de las personas vinculadas a una investigación y sus familias. Somos responsables de actuar verdaderamente sobre la base de la evidencia y no con el afán de un titular de prensa”, afirmó la fiscal general.
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Compromiso de no repetición
Camargo Garzón señaló que la entidad está comprometida con evitar que situaciones como esta se repitan: “La Fiscalía está haciendo todo lo posible para fortalecer la acción penal, profesionalizar sus procesos y abordar de manera más humana y estratégica los retos que plantea el crimen organizado”.
Con este acto público, la Fiscalía General de la Nación cumple con el mandato del sistema interamericano de derechos humanos de garantizar una reparación integral y reconocer públicamente la responsabilidad del Estado en los hechos.
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