La Gobernación de Antioquia ya tiene vinculadas más de 2 100 cámaras de videovigilancia al Nodo Departamental de Seguridad, a través de la estrategia Integración a Terceros, que permite conectar dispositivos privados —de hogares, comercios y empresas— al sistema departamental de vigilancia en las nueve subregiones.
La iniciativa se desarrolla en el marco de la Tasa Especial de Seguridad. Según el director de Planeación y Administración de la Seguridad, Antonio José Salazar López, la estrategia busca que “el sector privado, las personas que tengan cámaras en sus residencias, en los comercios, en las empresas, en las industrias, puedan incorporar esas cámaras a la estrategia departamental de seguridad en el marco de la videovigilancia”.
Dos modalidades de vinculación
La integración puede hacerse mediante la conexión de cámaras ya instaladas o la donación de nuevos equipos al sistema. Para participar, los interesados deben contar con conexión a internet, verificar la compatibilidad de sus dispositivos y diligenciar un formulario dispuesto por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, que les brindará asesoría personalizada durante el proceso.
La Secretaría asume la integración técnica al nodo, el licenciamiento y el apoyo en el monitoreo, mientras los ciudadanos conservan la propiedad y el mantenimiento de sus equipos. La visualización de las imágenes se realiza únicamente bajo demanda, con fines investigativos y con protocolos estrictos de confidencialidad.
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Compromiso municipal
Antes de vincular a particulares, la Secretaría articula el proceso con cada administración municipal para socializar la iniciativa y obtener su aval. Desde Santa Bárbara, el jefe de Desarrollo Social y Comunitario, Jhon Alexander López, invitó a comerciantes y habitantes a sumarse: “Que nos abran las puertas, que llegue esta estrategia, que la implementemos en nuestros negocios y en nuestros locales para que así se haga una muy buena relación a la hora de necesitar el tema de seguridad de nuestro municipio”.
La estrategia amplía la cobertura de vigilancia departamental sin requerir nuevas inversiones en infraestructura pública, y consolida un modelo de corresponsabilidad entre la institucionalidad y la ciudadanía.
