Una ofensiva de la fuerza pública contra estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión dejó 111 personas capturadas, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella este sábado. La denominada Operación Diamante contempló 15 acciones simultáneas y 18 allanamientos en diferentes puntos del país.
De acuerdo con el balance divulgado por el mandatario, entre los capturados hay 71 personas señaladas por delitos relacionados con extorsión y otras 25 vinculadas presuntamente con casos de secuestro. Durante los procedimientos también fueron incautadas armas, granadas, vehículos y más de 260 celulares y equipos de comunicación, elementos que ahora hacen parte de las investigaciones judiciales.
Golpe contundente de nuestra Fuerza Pública contra las mafias del secuestro y la extorsión.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 29, 2026
La Operación Diamante desplegó 15 acciones simultáneas que dejaron 111 capturados, entre ellos 71 por extorsión y 25 por secuestro. Además, se realizaron 18 allanamientos en los que… pic.twitter.com/vvXTvbQeae
Entre los casos relacionados con esta ofensiva aparece el secuestro del alcalde de Chimichagua, Cesar, José David Rocha Quintero, ocurrido el 20 de noviembre de 2025 en Soacha. El mandatario había viajado hasta Cundinamarca para concretar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo, pero al llegar al lugar fue intimidado y privado de la libertad. Sus familiares recibieron posteriormente exigencias económicas por su liberación.
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El Gaula logró ubicar el sitio donde permanecía retenido y ejecutó el rescate sin que el alcalde resultara herido. En ese procedimiento fueron capturadas cinco personas y aprehendido un menor de edad. Las autoridades también incautaron un arma de fuego, munición y cinco teléfonos celulares.
Los registros de los procedimientos muestran además allanamientos en los que los investigadores buscan dispositivos utilizados para establecer comunicaciones entre los integrantes de las estructuras investigadas. En las audiencias de los casos documentados, los señalados enfrentan imputaciones que incluyen secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada, hurto calificado y agravado, porte de armas y concierto para delinquir con fines de secuestro extorsivo.
Según el anuncio presidencial, la operación busca afectar las redes de comunicación y logística de las organizaciones dedicadas a estos delitos. «Estamos desmantelando estas estructuras criminales, cortando sus redes y llevando ante la justicia a quienes amenazan, extorsionan y secuestran a los colombianos», afirmó De la Espriella al presentar el balance.
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